El TJUE considera que la falta de existencia de un documento escrito por parte de quien se considera víctima de represalias por haber testificado a favor de una persona objeto de discriminación, no puede llevar a la desestimación de la demanda. La petición de decisión prejudicial que es objeto de esta sentencia tiene por objeto la interpretación del art. 24 de la Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación.

Los hechos que dieron lugar a la presentación de esta petición ante el TJUE pueden resumirse como sigue: El 24 de junio de 2015, la sra. V., gerente de una de las tiendas de la empresa WTG Retail entrevista a la sra. H. para su contratación como vendedora a partir de una determinada fecha. En esta entrevista, la sra. H. le comunica que está embarazada de tres meses. El 5 de julio de 2015, la sra. V. comunica a la encargada de recursos humanos que había encontrado a la candidata adecuada, pero al día siguiente el servicio de recursos humanos manifiesta que no va a contratar a la sra. H. por el embarazo. Ante tal circunstancia, el 7 de julio de 2015, la sra. V. informa por correo electrónico a la empresa de que la ley prohíbe que no se contrate a alguien por su embarazo, a pesar de lo cual WTG Retail insiste en su negativa (confirmada el 12 de agosto de 2015). A continuación, la sra. V. comunica a la sra. H. que no sería contratada por su embarazo, lo que lleva a la candidata sra. H. a presentar una reclamación ante la empresa el 26 de septiembre de 2015. Poco después (el 5 de octubre de 2015), la sra. V. se entrevista con un responsable de WTG Retail, que le reprocha haber sido la causa de la reclamación de la sra. H. El 12 de noviembre de 2015, el Instituto (belga) para la igualdad entre mujeres y hombres comunica a WTG Retail que había recibido la reclamación interpuesta por la sra. H. El 11 de diciembre de 2015, la empresa niega que la no contratación de la sra. H. se debiera a su embarazo. El 6 de abril de 2016, la empresa rescinde el contrato de trabajo de la sra. V., quien una semana más tarde, presenta reclamación ante el mismo Instituto para la igualdad. Según WTG Retail, los motivos del despido fueron la ejecución incorrecta de las tareas confiadas, el incumplimiento de las consignas de seguridad, el mantenimiento insuficiente de la tienda y la falta de orden. El 10 de octubre de 2016, tanto la sra. V. como la sra. H. solicitan una indemnización a WTG Retail; al no alcanzar un acuerdo, se dirigen al Tribunal de lo Social de Amberes, que considera que la sra. H. fue efectivamente víctima de discriminación y, en consecuencia, le reconoce el derecho a ser indemnizada. En cuanto a la sra. V., esta invoca la protección contra las medidas de represalia, garantizada en el art. 22, apartado 9, de la Ley de Género, alegando que intervino como testigo en la instrucción de la reclamación presentada por la sra. H, pero según el órgano jurisdiccional remitente de la cuestión prejudicial, en el presente asunto no se cumplen los requisitos de la definición legal exigidos a tal efecto, dado que la sra. V. no puede presentar ningún documento fechado y firmado relativo a su testimonio. El Tribunal remitente se pregunta, no obstante, si la protección prevista en el art. 22, apartado 2, de la Ley de Género no es más restrictiva que la establecida en el art. 24 de la Directiva 2006/54, dado que, en su opinión, esa protección no debe circunscribirse a los testigos oficiales, sino que debe también extenderse a las personas que defienden o apoyan a la persona que ha presentado una reclamación por discriminación por razón de sexo.

En este contexto, el tribunal plantea la siguiente cuestión prejudicial: «¿Debe interpretarse el Derecho de la Unión, y en concreto el artículo 24 de la Directiva [2006/54], en el sentido de que se opone a una normativa nacional que concede protección contra las represalias ejercidas sobre personas que actúen en calidad de testigos exclusivamente a las personas que, en el marco de la investigación de una reclamación, ponen en conocimiento de la persona contra la que se han presentado la reclamación, en un documento firmado y fechado, los hechos que ellas mismas ha visto u oído y que guardan relación con la situación que constituye el objeto de la reclamación, o que declaran como testigos en un procedimiento judicial?». Tras el análisis del contenido de la Directiva, el TJUE afirma que «procede interpretar el artículo 24 de la Directiva 2006/54 en el sentido de que los trabajadores contemplados en ese artículo, distintos de la persona que ha sido discriminada por razón de sexo, deben estar protegidos en la medida en que el empresario pueda causarles un perjuicio por el apoyo prestado, de manera formal o informal, a la persona que ha sido discriminada» y declara, en conclusión, que «el artículo 24 de la Directiva 2006/54 debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional, como la controvertida en el litigio principal, en virtud de la cual, en una situación en la que una persona que se considera víctima de una discriminación por razón de sexo ha presentado una reclamación, un trabajador que le ha prestado apoyo en ese contexto únicamente está protegido contra las medidas de represalia tomadas por el empresario si ha intervenido como testigo en el marco de la instrucción de esa reclamación y su testimonio cumple los requisitos formales previstos por dicha normativa».