El TS estima el recurso de casación interpuesto contra la sentencia de la Audiencia provincial, que había absuelto al acusado, y lo condena al considerar probado que este había desplegado una conducta consistente en la repetición de actos de violencia psíquica y física, apta para crear, por su reiteración, una atmósfera irrespirable o un clima de sistemático maltrato, de recurrente desprecio y dominación, que no solo comporta la explícita vulneración de los deberes especiales de respeto entre las personas unidas por tales vínculos sentimentales sino que además lesiona valores constitucionales, en particular la dignidad de la persona y el libre desarrollo de la personalidad, que, conforme proclama el artículo 10 de la Constitución española, constituyen fundamento del orden político y de la paz social.

En la sentencia se desestima el recurso interpuesto contra la empresa empleadora de una mujer que había solicitado una adaptación de la jornada laboral para conciliar la vida laboral con el cuidado de su hijo, argumentando además que era víctima de violencia de género. La sentencia de instancia estima la demanda de la trabajadora y declara su derecho a la adaptación de la jornada así como el derecho a ser indemnizada en concepto de daños morales causados por la negativa empresarial a adaptar su horario de trabajo. La empresa interpone recurso de suplicación ante el TSJ de Canarias, que lo desestima en virtud de la normativa que considera aplicable, tomando igualmente en consideración las perspectivas de género e infancia.

En su sentencia, la Audiencia Nacional afirma que la indemnización por el fallecimiento de un soldado en acto de servicio corresponde a la pareja de hecho aunque la convivencia hubiera sido de escasa duración. Además, declara que la convivencia “puede ser acreditada … además de mediante el certificado de empadronamiento, por cualquier otro medio de prueba válido en Derecho que la demuestre de manera inequívoca, y de forma específica, con posterioridad, mediante la inscripción en un registro específico autonómico o municipal del lugar de residencia”.