La STS estima el recurso de casación interpuesto contra una sentencia de la Audiencia provincial de Las Palmas y declara que el demandado es padre del demandante teniendo en cuenta no solo la negativa del demandado a someterse a la prueba biológica de determinación de la filiación, sino también la existencia de una serie de indicios convergentes, de acuerdo con la doctrina jurisprudencial aplicable al caso.

El TS declara que la exigencia de presencia o composición equilibrada de mujeres y hombres recogida en la disposición adicional primera de la Ley Orgánica 3/2007, dirigida a los poderes públicos, debe aplicarse a las elecciones de los Colegios Notariales. En concreto, el Supremo declara (FJ 4º de la sentencia) que “El artículo 14.4 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, en relación con lo dispuesto en la disposición adicional primera de la citada Ley Orgánica, que establece que se entenderá por composición equilibrada la presencia de mujeres y hombres de forma que, en el conjunto a que se refiera, las personas de cada sexo no superen el sesenta por ciento ni sean menores del cuarenta por ciento, resulta plenamente aplicable a la elección de los órganos de gobierno de los Colegios Notariales, y se opone a una composición de la candidatura presentada a la elección de los miembros de la Junta Directiva del Colegio Notarial -como la enjuiciada en este recurso de casación- que no respete la relación de representación equilibrada 60% – 40%, salvo que se justifique la concurrencia de circunstancias objetivas y fundadas que evidencien la imposibilidad material de cumplir dicha previsión legislativa, u otras que se revelen contrarias al fin legítimo perseguido.”

La Audiencia condena a cuatro años de cárcel a un entrenador de un equipo de fútbol femenino por abuso sexual sobre una alumna menor de 16 años, cometido con prevalimiento en relación con la víctima. El tribunal declara la concurrencia del elemento agravador de la conducta del autor relativa al prevalimiento en relación a la situación de superioridad sobre la víctima, que deriva de dos aspectos: uno, el relativo as u condición de entrenador del equipo de fútbol en el que iba a jugar en el siguiente curso la menor; el otro factor obedece a elementos fisonómicos como la diferencia de edad, estatura y complexión.

El interés de esta SAP radica en el extenso tratamiento que dedica a la violencia económica en su Fundamento jurídico tercero.

Además, en la valoración jurídica de la prueba practicada, el Tribunal afirma lo siguiente: “Esta situación de desigualdad, de control mantenida en la relación de pareja con la finalidad de dominación característica de la violencia de género integra el maltrato habitual que se desarrolla en dos esferas con una conducta de dirigida al aislamiento social de la testigo con conductas activas de control no solo en la esfera personal, sino en la esfera patrimonial en una persona especialmente vulnerable por la enfermedad mental que padece , de la que se es conocedor, y con ello mantenerla situaciòn de desigualdad y de control sobre la misma, de dominación, derivando en un abandono de asistencia de sus necesidades más perentorias (alimentación, cuidado personal , medicación etc) que integra la violencia psíquica y violencia económica en esa situación de control para disponer de los ingresos y del patrimonio de la testigo, lo que supone que las actuaciones en la violencia económica puedan ser sancionadas de manera autónoma ex art 173.2 del C.Penal desde una perspectiva amplia de género, de las múltiples aristas de la violencia de género en el tipo penal del maltrato habitual, de imposición en todos los ambitos de uno de los miembros de la pareja sobre el otro, acentuada en el caso examinado por la especial vulnerabilidad de la testigo, cuestión distinta es la concreta integración en los tipos penales que, de manera subsidiaria , se califican tanto por el Ministerio Fiscal como por la Acusación
Particular.”